El Pleno avala por unanimidad reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar el contacto publicitario no autorizado por teléfono, SMS o mensajería instantánea.
Las empresas responderán legalmente aunque subcontraten call centers o despachos externos.
Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de erradicar el acoso telefónico comercial e imponer sanciones ejemplares a las empresas que realicen llamadas o envíen mensajes publicitarios sin el consentimiento previo y explícito de la persona usuaria.
La modificación legal prohíbe de manera estricta que los proveedores realicen contactos promocionales reiterados a través de telefonía convencional, mensajes de texto (SMS) o plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, a menos que el usuario lo haya autorizado expresamente.
Sanciones más severas y corresponsabilidad
El nuevo marco normativo eleva sustancialmente el costo económico del incumplimiento:
- Nuevos montos: Las multas pasarán de tarifas mínimas anteriores a rangos que van desde los $56,570.00 pesos hasta un tope máximo de $2,345,728.71 pesos por infracción.
- Responsabilidad directa: La reforma establece el principio de corresponsabilidad, asegurando que las marcas contratantes respondan directamente ante la ley, impidiendo que eludan su responsabilidad argumentando que la llamada fue realizada por un call center o agencia de marketing externa.
Protección a la privacidad y prevención de fraudes
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores destacaron que la saturación de contactos no solicitados dejó de ser una simple molestia cotidiana para convertirse en un factor de vulnerabilidad, al exponer a la ciudadanía a intentos de estafa, extorsión o robo de datos personales. Asimismo, se enfatizó que el acceso al número telefónico de una persona no otorga el derecho de disponer de su tiempo ni invadir su intimidad.
Tránsito legislativo
Tras su aprobación unánime en la Cámara Alta, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior análisis, discusión y eventual ratificación constitucional.
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