CONFIRMAN LIBERACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS EN GUADALAJARA; DENUNCIAN VIOLENCIA POLICIAL Y EXIGEN SANCIONES

Guadalajara, Jalisco — El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, confirmó la liberación total de las 39 personas que permanecían bajo custodia policial tras las manifestaciones ciudadanas por el desabasto y la calidad del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
A pesar del júbilo de los colectivos por el reencuentro de los ciudadanos con sus familias, defensores de los derechos humanos y familiares hicieron públicas severas denuncias debido al grave estado físico en el que fueron entregados los jóvenes, quienes presentan múltiples lesiones físicas derivadas del operativo desplegado en las inmediaciones de Casa Jalisco.
Los tres ejes principales que marcan el desarrollo de la contingencia son los siguientes:
• Evidencias de brutalidad y lesiones: El propio mandatario estatal tuvo que reconocer de manera pública que existieron “graves errores y excesos” por parte de los elementos de seguridad. Los jóvenes liberados reportan haber sido víctimas de golpes severos con macanas, traumatismos craneoencefálicos, quemaduras por fricción contra el asfalto y lesiones de consideración tras ser tirados al suelo y pisados por la fuerza pública. El parte médico de las organizaciones civiles confirma que el total de los retenidos presenta contusiones visibles.
• Procesos jurídicos activos: Aunque los últimos siete detenidos que se encontraban en las inmediaciones del centro penitenciario de Puente Grande ya fueron puestos en libertad física, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) aclaró que la situación legal no ha concluido. Las carpetas de investigación siguen formalmente abiertas, por lo que los jóvenes continuarán bajo proceso judicial en libertad bajo medidas cautelares especiales.
• Exigencia de castigo y auditoría interna: Ante la presión social y el repudio generalizado de la opinión pública, el Ejecutivo local anunció el inicio de una investigación interna dirigida por la Dirección de Asuntos Internos para identificar y sancionar a los mandos policiales responsables del operativo. Los colectivos sociales exigen que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) actúe con independencia y que las sanciones no queden en amonestaciones administrativas sino que alcancen el terreno penal por el delito de tortura y abuso de autoridad.