CIUDAD DE MÉXICO / CHIHUAHUA.
Al intentar acudir a un medio de alto perfil mediático como Latinus para confrontar el relato de la Presidencia y acusar directamente a cuadros del partido oficialista (como la secretaria Ariadna Montiel), la estrategia buscaba proyectar fortaleza y autonomía. Sin embargo, el contraste de las versiones terminó acorralándola en varios frentes:
1. El dilema de la responsabilidad política («Fue mi exfiscal»)
El argumento principal para deslindarse del escándalo de la incursión de agentes de la CIA y de las acusaciones por traición a la patria recayó en responsabilizar a su ex colaborador de confianza, César Jáuregui.
El costo: Jáuregui no era un funcionario periférico; era el titular de la Fiscalía General del Estado. Si cometió actos de tal gravedad y presuntos actos de corrupción (incluyendo casinos y redes ilícitas) sin que la gobernadora lo supiera, la lectura política inmediata es falta de control, debilidad en la supervisión de la seguridad y omisión institucional.
Si, por el contrario, sí tenía conocimiento previo, las implicaciones pasan del terreno político al cómplice o encubrimiento.
2. El cambio en la narrativa pública
El intento de denunciar ante la opinión pública de que la reunión privada con Claudia Sheinbaum fue tensa y de «reclamos mutuos» le dio a la Presidencia la oportunidad de fijar postura en la mañanera. Sheinbaum aprovechó para revelar que fue la propia gobernadora quien señaló y prácticamente entregó a Jáuregui en esa reunión, obligando a Maru Campos a adoptar una postura defensiva.
3. Falta de sustento en las contraacusaciones
Al lanzar acusaciones de presuntos nexos del crimen organizado contra la funcionaria federal Ariadna Montiel, la Presidencia respondió exigiendo pruebas y denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras no se presenten evidencias en los juzgados, el señalamiento corre el riesgo de percibirse únicamente como una «cortina de humo» mediática para desviar la atención de la investigación que pesa sobre su propio gabinete.
4. Fractura y vulnerabilidad política en el PAN
A nivel local y de cara a las próximas elecciones en Chihuahua, el encarcelamiento del exfiscal por delitos vinculados a la Ley de Seguridad Nacional deja a la administración estatal contra las cuerdas ante la FGR. Lejos de proyectar a Maru Campos como una figura firme de la oposición, el episodio genera fricciones dentro de su propia coalición y la obliga a responder a las preguntas que la opinón pública no deja de formular: ¿cuándo lo supo, qué hizo al respecto y hasta dónde llega la responsabilidad de la cadena de mando?