CHIHUAHUA MEXICO. El debate sobre el convenio hídrico firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS) y la agencia israelí MASHAV pone de manifiesto la creciente tensión entre la urgencia de soluciones tecnológicas frente a la sequía y la exigencia de soberanía sobre los recursos naturales.
Por un lado, la postura oficial argumenta una necesidad pragmática: Chihuahua enfrenta una crisis de sobreexplotación de acuíferos y estrés hídrico sin precedentes. Bajo esta premisa, recurrir a la experiencia de Israel —pionero mundial en desertificación, tecnificación de riego, detección de fugas y reciclaje de aguas residuales— se presenta como una decisión estratégica para garantizar la viabilidad agrícola y el consumo humano en el largo plazo.
Por otro lado, la resistencia social y ambientalista refleja una desconfianza legítima hacia la gestión del recurso. Las críticas no apuntan únicamente al contexto geopolítico global, sino a los riesgos locales: la falta de transparencia en los indicadores de impacto, el temor a la entrega de datos hidrológicos estratégicos a entes externos y el riesgo de que la eficiencia técnica termine favoreciendo al gran capital agroindustrial por encima de las comunidades locales.
El nudo del conflicto no es solo técnico, sino de modelo de gobernanza. La crisis del agua en el norte de México exige innovación, pero no a costa de la rendición de cuentas ni de la participación ciudadana. Rumbo al vencimiento del acuerdo en 2027, el reto para las autoridades no será solo demostrar la efectividad de las tecnologías adoptadas, sino probar que la soberanía sobre el agua sigue estando en manos de las y los chihuahuenses
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