España, 06 de Octubre del 2026.- Decenas de miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de España para exigir medidas de protección para los inquilinos, después de que el Parlamento rechazara un paquete de emergencia impulsado por el Gobierno para contener el encarecimiento de la vivienda y frenar los desalojos.
En Madrid, una multitud marchó para reclamar vivienda asequible, mientras algunos sindicatos llamaron a una huelga general. En Valencia, manifestantes rompieron el perímetro de seguridad instalado afuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se realizaba una cumbre inmobiliaria.
La Policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron enfrentamientos entre agentes y participantes, quienes lanzaron vallas mientras los elementos policiales respondieron con porras. Hasta el momento no se han reportado personas heridas.
El desalojo que impulsó las protestas
La inconformidad social aumentó después del desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en un departamento del Centro de Madrid.
Abascal, quien utiliza silla de ruedas, fue desalojada el 23 de septiembre y trasladada en camilla mientras la Policía acordonaba la zona.
Las imágenes del desalojo generaron una fuerte reacción pública y convirtieron el caso en uno de los símbolos de la crisis habitacional.
Alrededor de mil personas instalaron un campamento en la Puerta del Sol de Madrid y advirtieron que permanecerán ahí hasta que el Gobierno adopte medidas para proteger a los inquilinos. Una protesta similar se mantiene en la Plaza Catalunya de Barcelona.
Posteriormente, la empresa inmobiliaria que buscaba recuperar el departamento para ofrecerlo a un precio más alto alcanzó un acuerdo para permitir que Abascal regresara, según informó su abogado. La mujer continúa hospitalizada.
“No logré defender mi casa, pero sí luché para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, dijo Abascal en un video difundido después del desalojo.
Su historia se convirtió en un emblema de las protestas y en distintas ciudades comenzaron a aparecer pancartas con la consigna “¡Ni una Maricarmen más!”.
Gobierno de Pedro Sánchez impulsa medidas
Tras el desalojo, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez promovió medidas de emergencia para restringir los desalojos, contener la especulación inmobiliaria y ampliar la protección de los contratos de alquiler.
Sin embargo, los partidos conservadores de oposición se unieron para impedir su ratificación en el Parlamento.
La presión política aumentó después de que Sánchez anunciara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de una creciente movilización social por el acceso a la vivienda.
La crisis habitacional se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y políticos de España, especialmente para jóvenes y familias de menores ingresos, quienes enfrentan alquileres crecientes y una oferta limitada de vivienda accesible.
Otros países europeos aplican medidas
El texto señala que otras naciones europeas han adoptado medidas para enfrentar los problemas relacionados con el costo de los alquileres y los desalojos.
En Alemania, ante un déficit de 1.3 millones de viviendas, en 2015 se aprobó el llamado “freno al precio del alquiler”. Esta medida permite a los estados federados determinar qué zonas están “tensionadas” por el aumento de las rentas y limitar en ellas el precio de los nuevos contratos a un máximo de 10% por encima del alquiler medio.
Austria impulsó en enero un “freno a los alquileres” que limita el aumento al 1% en 2026 y al 2% en 2027. El límite afecta, en general, a los pisos construidos antes de 1945, cuya renta está regulada.
En Italia, Giorgia Meloni impulsó el programa “Piano Casa Italia” (Plan Casa Italia), que contempla recalificar durante la próxima década unos 60 mil inmuebles públicos o concertados para ofrecerlos a precios asequibles.
En materia de desalojos, Francia cuenta con la llamada tregua invernal, que impide ejecutar expulsiones de viviendas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Una medida similar se aplica en Polonia y en las regiones de Bruselas y Valonia, en Bélgica.
Aumento de los alquileres presiona a los hogares
España enfrenta desde hace años una fuerte presión sobre el mercado de vivienda. El alquiler promedio casi se duplicó en la última década, al pasar de 8.20 euros por metro cuadrado en 2016 a 15.10 euros en 2026, de acuerdo con el portal Idealista.
El problema afecta con mayor intensidad a jóvenes y hogares de menores ingresos, quienes enfrentan mayores dificultades para comprar una vivienda y dependen del mercado de alquiler.
El Gobierno señala que 26% de los españoles que viven en renta destinan, en promedio, alrededor de 40% de sus ingresos al alquiler y los servicios.
A esto se suma la escasa vivienda pública: menos de 2% de la oferta disponible corresponde a alquiler social, frente a un promedio cercano a 8% en la Unión Europea.
Organizaciones de inquilinos también responsabilizan a la especulación inmobiliaria y al crecimiento de los alquileres turísticos por reducir la oferta residencial en las principales ciudades.
(Con información del Informador)
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