CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026.- En un hecho sin precedentes en los más de 200 años de existencia del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este lunes la convocatoria oficial para dar inicio a la consulta ciudadana de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, Indígenas y Afromexicanos. El documento fue publicado este mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando el arranque formal de un proceso legislativo histórico.
Este nuevo marco jurídico tiene su fundamento directo en la reforma al Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue promulgada el pasado 30 de septiembre de 2024. El proceso de consulta prevé impactar y dar voz a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y más de 16 mil comunidades a lo largo del territorio nacional, lo que equivale a aproximadamente 8 millones de personas (el 20.5% de la población del país).
¿Qué propone el nuevo marco legal?
El objetivo medular de esta iniciativa de ley es el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Esto les otorgará personalidad jurídica y patrimonio propio, elementos indispensables para que puedan ejercer su autonomía financiera y política, así como participar activamente en la toma de decisiones de la vida pública nacional.
La propuesta legislativa está estructurada de manera integral en ocho libros explicativos que abordan los siguientes ejes fundamentales:
- Autonomía territorial: Garantía de la libre determinación en los niveles comunitario, municipal y regional.
- Inclusión y equidad: Derechos específicos para mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, asegurando su acceso a la tenencia de la tierra y a una vida libre de violencia.
- Combate a la discriminación: Reconocimiento de los derechos del pueblo afromexicano con normativas diseñadas exclusivamente para erradicar el racismo estructural.
- Consentimiento informado: Establecimiento de la consulta libre, previa e informada como un marco legal de cumplimiento obligatorio para cualquier proyecto en sus territorios.
- Innovación jurídica: Creación del juicio de amparo indígena y afromexicano, un mecanismo procesal inédito en el país diseñado para la protección efectiva de sus derechos colectivos.
Cronograma y etapas del proceso de consulta
Para garantizar la legitimidad y representatividad de la ley, las autoridades determinaron que la consulta se desarrollará de manera transparente a través de cinco etapas estratégicas distribuidas entre los meses de julio y octubre:
Calendario Oficial de la Consulta Nacional
| Etapa del Proceso | Periodo de Ejecución | Acciones Técnicas y Cobertura |
| 1. Publicación de Convocatoria | 29 de junio (Hoy) | Registro formal del decreto y bases en el Diario Oficial de la Federación (DOF). |
| 2. Etapa Informativa | 1 de julio al 6 de agosto | Despliegue de campañas de difusión en más de 16 mil comunidades indígenas y afromexicanas. |
| 3. Etapa Deliberativa | 7 de agosto al 13 de septiembre | Realización de 82 asambleas regionales y 7 mesas de trabajo urbanas (Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro). |
| 4. Estudio y Adecuación | 21 de septiembre al 11 de octubre | Análisis técnico e incorporación de las propuestas ciudadanas al proyecto de ley definitivo. |
| 5. Presentación al Congreso | 12 de octubre | Entrega formal de la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para su debate y aprobación. |
El 12 de octubre como fecha simbólica de resistencia
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de que la iniciativa sea entregada formalmente al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre. La mandataria recordó que dicha fecha, “que alguna vez se llamó el Día de la Raza, hoy se reconoce como el Día de la Resistencia de los Pueblos”, consolidando el acto como un símbolo de reivindicación histórica para las comunidades originarias.
El diseño y la metodología de este proceso representaron un esfuerzo interinstitucional de gran envergadura. En la construcción del proyecto participaron activamente 35 dependencias del Gobierno Federal a lo largo de 148 reuniones técnicas de trabajo.
Asimismo, el proceso cuenta con el respaldo de un comité técnico asesor integrado por 20 especialistas —con un principio estricto de paridad de género de 10 mujeres y 10 hombres—, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en calidad de órgano observador, y el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
(Con información de Infobae)
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