CIUDAD DE MÉXICO, 07 de julio de 2026. — La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos que esclarezca las condiciones en torno a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa. El requerimiento diplomático se activó luego de que el Buró de Investigaciones (FBI) se atribuyera de manera reciente el operativo en el que se aseguró la aeronave que trasladó al capo y a Joaquín Guzmán López desde territorio mexicano hacia un aeródromo de Nuevo México en julio de 2024.
Durante la conferencia de prensa celebrada este martes, Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, confirmó el envío de la solicitud institucional. El objetivo es contrastar la nueva postura de la agencia estadounidense con las declaraciones de Zambada García, quien meses después de su arresto denunció haber sido secuestrado y entregado contra su voluntad por el hijo de su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Contradicciones y solicitudes de información ignoradas
A casi dos años de haberse efectuado la detención, las autoridades de México señalaron que la información detallada del caso ha sido negada de manera sistemática. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la prioridad actual de su administración es constatar si las agencias norteamericanas falsearon declaraciones ante el Estado mexicano.
El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó de manera pública que ninguna corporación de su país había tenido participación directa en el operativo de captura de “El Mayo”. Sin embargo, una investigación del periodista Luis Chaparro para el medio Pie de Nota reveló la semana pasada que el FBI se adjudicó la operación tras donar la avioneta del traslado al War Eagles Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México, con el fin de ser expuesta al público.
Declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum: “La primera pregunta es: ¿Quién mintió?, ¿Mintió el embajador Ken Salazar? De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.
Advertencia de violaciones constitucionales e internacionales
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que de corroborarse de forma oficial la intervención unilateral de agentes del FBI en suelo nacional o en la planeación del traslado sin la notificación correspondiente al Ejecutivo mexicano, el hecho representará una grave transgresión jurídica internacional.
De acuerdo con la funcionaria, la operación sin consentimiento bilateral constituiría una violación directa a:
La Carta de las Naciones Unidas.
La Carta de los Estados Americanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Seguridad Nacional.
Cuestionamientos sobre presuntos pactos externos
La mandataria federal también puso bajo escrutinio los métodos de las agencias de seguridad estadounidenses tras recordarse el ingreso a ese país de 17 familiares de “El Chapo” Guzmán durante el año 2025. Frente a estos acontecimientos y los señalamientos de privación ilegal de la libertad de Zambada, Sheinbaum Pardo cuestionó la política de negociación de la nación vecina.
“Se hace la pregunta ¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada”, enfatizó la presidenta.
Al ser consultada sobre las repercusiones diplomáticas o legales que asumirá el país de confirmarse la incursión del FBI, la titular del Ejecutivo federal se limitó a precisar que el caso deberá ser minuciosamente revisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SRE.
Hasta el momento, las agencias judiciales norteamericanas sostienen la versión de que Joaquín Guzmán López planeó y consumó el secuestro de su exsocio de manera autónoma con el fin de obtener beneficios procesales futuros, deslindándose de haber instigado el delito o de reconocer de manera oficial una cooperación pactada previamente con el imputado.
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