Perú, 08 de agosto del 2026.- El inicio del mandato de Keiko Fujimori marca una nueva etapa para Perú, en un contexto de inestabilidad institucional, fragmentación del Congreso y avance del crimen organizado. Su plan de seguridad contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia y su asistencia a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Especialistas consultados por DEF analizaron los primeros anuncios del Ejecutivo y los principales desafíos que enfrenta la nueva presidenta, entre ellos la extorsión, la minería ilegal y la presencia de redes criminales trasnacionales.
Seguridad y despliegue militar
El despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia y la asistencia militar a la Policía Nacional del Perú constituyen el eje central del plan de seguridad inicial de Keiko Fujimori.
Mario Medrano señaló que la presencia militar busca asistir a la población comerciante ante la actividad extorsiva y violenta del crimen organizado. Sin embargo, consideró que las medidas presentadas durante la asunción no fueron más allá de los parámetros básicos.
Para Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI-DINI) y especialista en defensa, la estrategia también refleja un posicionamiento geopolítico. Según el especialista, Keiko Fujimori mantiene un alineamiento con gobiernos de derecha de la región y ha señalado su decisión de integrarse a la iniciativa del “Escudo de las Américas” de Donald Trump.
Iván Witker, académico de la Universidad Central e investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), consideró que la seguridad fue un factor determinante en la victoria electoral de Fujimori.
El especialista señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas para asistir a la Policía es necesario cuando se producen desbordes y anticipó meses de alta intensidad, en los que el rol militar será relevante.
Minería ilegal y crimen organizado
El escenario delictivo que enfrenta Perú está marcado por economías ilícitas y redes criminales.
De acuerdo con Andrés Gómez de la Torre, la minería ilegal, particularmente el tráfico de oro, desplazó al narcotráfico como principal actividad criminal en el país. El especialista atribuyó este escenario a la penetración de bandas extranjeras y a la debilidad del aparato judicial peruano.
Mario Medrano también destacó la presencia de facciones del Tren de Aragua, entre ellas Los Gallegos, El Tren del Llano, Los Hijos de Dios y la Dinastía Alayón.
A este escenario se suman organizaciones surgidas en Perú, como Los Pulpos de Trujillo, así como delitos relacionados con extorsiones y otras formas de violencia.
Entre las principales necesidades identificadas por los especialistas se encuentran el control penitenciario, la modernización tecnológica de las fuerzas policiales y el combate contra la minería ilícita y el sicariato.
Iván Witker planteó la posibilidad de una militarización temporal de las prisiones para aislar a los cabecillas y limitar la operación externa de las bandas de extorsión.
También señaló la necesidad de dotar a las fuerzas policiales de herramientas de ciberseguridad, geolocalización y drones para labores de vigilancia.
Crisis política y vulnerabilidad institucional
La situación de seguridad también está relacionada con la inestabilidad política que ha atravesado Perú durante la última década.
Andrés Gómez de la Torre señaló que varios gobiernos anteriores evitaron asumir los costos políticos de enfrentar el problema criminal y se limitaron a aplicar acciones de contención.
Mario Medrano también atribuyó parte de la situación actual a la dirigencia política y señaló que Keiko Fujimori ejerció gobernabilidad durante los últimos años mediante su mayoría en el Congreso, sector que también ha sido cuestionado por investigaciones de corrupción.
A pesar de la crisis política, Perú mantuvo solidez macroeconómica impulsada por la independencia de su Banco Central. Sin embargo, Iván Witker advirtió que la fragmentación legislativa y el declive presidencial volvieron vulnerables las estructuras del Estado ante la infiltración criminal.
Medrano también señaló como amenazas para la democracia las ideologías extremistas y los remanentes de Sendero Luminoso. Además, consideró necesario contar con profesionales idóneos para tomar decisiones y legislar frente a la criminalidad.
Los especialistas Andrés Gómez de la Torre, Mario Medrano e Iván Witker coinciden en que enfrentar el avance de las organizaciones criminales requerirá medidas que vayan más allá de acciones de corto plazo, incluyendo reformas en los sistemas penitenciarios, la inteligencia estatal y el aparato judicial.
El plan de seguridad de Keiko Fujimori enfrenta así desafíos relacionados con el crimen organizado, la minería ilegal, la extorsión y la situación institucional del país.
(Con información de Infobae)
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